A 180 días de su publicación, la baja de imputabilidad a 14 años rige en todo el país
La ley 27.801 entró en vigencia este sábado. Establece un sistema de sanciones graduadas, con un tope de 15 años de prisión para los delitos más graves. Hay al menos seis expedientes por homicidio que quedaron afuera del nuevo régimen.
A 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, la ley 27.801 entró en vigencia este sábado en la Argentina y reformó de manera integral el régimen penal juvenil. La norma bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y diseñó un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del hecho.
El alcance de las penas y las alternativas al encierro
La privación de libertad quedó reservada para los casos más graves, con tres modalidades posibles: arresto domiciliario, internación en un instituto de régimen abierto o alojamiento en un centro especializado de detención. La pena máxima prevista es de 15 años. No obstante, dos tercios de la condena pueden cumplirse bajo libertad condicional, lo que en los hechos reduce el encierro efectivo a un tope de diez años.
Para delitos de menor gravedad, como hurtos y robos sin armas, la norma habilita sanciones alternativas al encierro. Incluso en robos agravados con armas de fuego, los jueces conservan la facultad de reemplazar la prisión por medidas sustitutivas. En situaciones extremas, la ley permite separar al adolescente de su entorno familiar cuando se acredita que ese ámbito fomenta la actividad delictiva.
- Pena máxima: 15 años de privación de libertad, con encierro efectivo de hasta 10 años por la libertad condicional.
- Modalidades de encierro: arresto domiciliario, instituto de régimen abierto o centro especializado de detención.
- Requisitos para aplicar pena alternativa: dictamen pericial favorable, conformidad del Ministerio Público Fiscal y audiencia previa a la víctima.
- Condiciones del adolescente: no registrar condenas previas ni procesos con auto de procesamiento firme.
Los expedientes que quedaron afuera del nuevo régimen
Durante los seis meses que median entre la sanción en el Congreso y la entrada en vigencia, al menos seis menores acusados de homicidio quedaron fuera del alcance de la reforma por razones de edad al momento de los hechos. Entre los casos más resonantes figura el asesinato del cabo Cristian Gerez, de 36 años, ocurrido el 20 de julio en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires. Los dos imputados, de 14 y 15 años, permanecen bajo custodia judicial, pero no serán sometidos a proceso penal ni a condena. Bajo el esquema anterior, un menor declarado inimputable podía permanecer internado en un instituto solo hasta cumplir los 18 años y sin registro de antecedentes.
La implementación del nuevo régimen exigirá a la fecha la coordinación del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de los organismos de la niñez de cada jurisdicción. La ley 27.801 fija las reglas generales, pero su aplicación concreta dependerá de cómo cada provincia adapte su estructura penal juvenil en los próximos meses.
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