A 813 días de la muerte que originó la pesquisa, condenaron a un enfermero rosarino por vender fentanilo y otras drogas hospitalarias

A 813 días del hallazgo del cuerpo que disparó la investigación, la justicia federal de Rosario condenó a Luis Benavídez, enfermero del Policlínico PAMI II, a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por vender fentanilo y otros medicamentos hospitalarios sustraídos de su lugar de trabajo. El acuerdo fue homologado por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros en una audiencia realizada el 4 de septiembre, en el marco de un juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa.

La pena incluyó la inhabilitación por igual período para ejercer la enfermería y para ocupar cargos públicos. La condena se compone de cuatro delitos: comercio de estupefacientes, en particular por la venta de fentanilo; comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, figura que se aplicó al bromuro de vecuronio; hurto; y tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, cargo que se sumó a raíz de una pistola secuestrada durante uno de los allanamientos.

Cómo se reconstruyó la trama

A la fecha, la pesquisa acredita que Benavídez trabajaba en el policlínico desde 2014 y que retiraba medicamentos de uso hospitalario para comercializarlos por redes sociales, con destino a consumo recreativo. La prueba central surgió del análisis del teléfono de un hombre de 37 años hallado muerto en su departamento el 9 de agosto de 2023. La Unidad Fiscal Rosario pudo recuperar conversaciones y mensajes de audio que mostraban al enfermero ofreciendo las sustancias y coordinando entregas.

El padre del fallecido fue quien acercó el celular y documentación a la justicia provincial. En su denuncia, indicó que su hijo consumía fentanilo y otras drogas que le compraba a un enfermero. A partir de ese aporte, la causa se desplazó al fuero federal para investigar la comercialización de medicamentos, ya que la pesquisa inicial por la muerte había sido archivada en la justicia provincial. La autopsia no pudo establecer la causa de fallecimiento y el laboratorio no contaba con las técnicas necesarias para confirmar la presencia de vecuronio, por lo que, aunque no se descartó un origen toxicológico, no se pudo atribuir el deceso a una sustancia determinada.

El arreglo judicial

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal y la defensa acordaron la pena y Benavídez reconoció los hechos, su intervención, las pruebas reunidas, la calificación legal y la condena solicitada. Con esa base, el juez Vera Barros homologó el convenio y dictó la sentencia, que lo deja con prisión efectiva e imposibilidad de volver a ejercer la enfermería o cualquier cargo público durante cuatro años y seis meses.

En función del Código Penal y de la Ley 23.737 de Estupefacientes, la condena obliga al cumplimiento efectivo de la pena de prisión y a la inhabilitación profesional y para cargos públicos por el mismo lapso. A la fecha, el expediente se encuentra firme en lo que respecta al acuerdo, mientras continúa abierta la discusión sobre la responsabilidad administrativa que pueda caberle al establecimiento donde se desempeñaba el condenado.