A casi dos semanas de la denuncia, un policía mendocino quedó preso por abusar de una detenida en la comisaría

La causa lleva más de diez días sin resolverse en instancia judicial. El oficial ayudante Cristian Daniel Moyano Sánchez, de la Policía de Mendoza, quedó detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado, delito que contempla una pena de hasta veinte años de prisión. La denuncia fue radicada por una mujer de 42 años que permanecía arrestada en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz, en el Gran Mendoza.

El hecho habría ocurrido dentro de la propia dependencia policial, según reconstruyó la investigación. La víctima estaba detenida por causas vinculadas a estafas. El uniformado, que cumplía funciones de escribiente, la habría trasladado desde la celda hasta el baño de la comisaría, donde se produjo el ataque. Una hora más tarde, la mujer logró hacerse de un teléfono para hablar con su abogado y contó lo ocurrido, lo que derivó en la denuncia penal inmediata.

La prueba forense y la calificación legal

Pericias del Cuerpo Médico Forense, tanto físicas como psicológicas, determinaron la existencia de rastros compatibles con una relación sexual no consentida. También se secuestraron el teléfono del acusado y prendas íntimas de ambas partes, con resultados en igual sentido. La Fiscalía, a cargo del fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, encuadró el episodio como “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones”. Los investigadores argumentaron que, por el contexto de encierro, la detenida no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido.

• El acusado, Cristian Daniel Moyano Sánchez, era escribiente y no portaba arma reglamentaria porque registraba una causa previa por violencia de género y estaba bajo seguimiento psicológico.
• La víctima es una mujer de 42 años detenida por estafas, que denunció el abuso una hora después del hecho.
• Las pericias del Cuerpo Médico Forense hallaron rastros compatibles con una relación sexual en ambas partes.
• Tras la imputación, el oficial quedó detenido y fue trasladado a las celdas del Polo Judicial.
• El Ministerio de Seguridad y Justicia apartó de inmediato al efectivo y analiza su pase a situación pasiva.

Qué se investiga y qué obligaciones tiene la ley

La pesquisa avanza sobre varias líneas en simultáneo: se analizan las cámaras de seguridad de la comisaría, los libros de ingresos y egresos de detenidos, y los testimonios de las otras mujeres alojadas en esa dependencia durante el período del hecho. A la fecha, la instrucción está en manos de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad provincial. Desde lo normativo, el Código Penal castiga con entre cuatro y veinte años de prisión al funcionario público que abuse sexualmente de una persona privada de libertad, dado que la asimetría de poder invalida cualquier consentimiento obtenido bajo custodia del Estado.