Apartan preventivamente al juez de San Isidro y crece el expediente con seis cargos en su contra
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar del cargo al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. La denuncia original por acoso sexual, radicada en julio de 2025, ya acumula seis imputaciones formales del Ministerio Público Fiscal.
A casi diez meses del inicio del expediente, la causa que involucra al juez Ernesto García Maañón dio un paso decisivo. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió apartarlo de su cargo en forma preventiva. El magistrado integra la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro y ya se encontraba con licencia por decisión de la Suprema Corte provincial.
El origen de la denuncia
Todo comenzó en julio de 2025, cuando una funcionaria que trabajaba en esa cámara radicó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su presentación describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales. Acompañó la denuncia con chats y audios como respaldo probatorio.
A partir de ese planteo se abrió un sumario administrativo y, en paralelo, una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, dando inicio formal al trámite del jury. Más tarde se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.
Los seis cargos del Ministerio Público Fiscal
- Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, según la denuncia inicial.
- Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados en descalificaciones y órdenes arbitrarias.
- Uso de recursos del Estado para beneficio personal.
- Trato irrespetuoso hacia superiores y utilización de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
- Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
- Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.
Cómo sigue el proceso
El jury es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, e integrado por conjueces abogados y conjueces legisladores. A la fecha, el expediente continúa con la producción y valoración de la prueba. Lo que la ley obligaría, en caso de avanzar hacia el juicio político propiamente dicho, es correr vista al magistrado para que ejerza su defensa, producir toda la prueba ofrecida por las partes y, finalmente, resolver con el quorum exigido por la normativa del Jurado, con la posibilidad de destitución e inhabilidad para ejercer cargos en la Justicia bonaerense.
