El operativo que mueve 1.500 presos de Devoto a Marcos Paz quedó bajo la lupa de la Justicia
A casi diez días del inicio del traslado, la Procuración Penitenciaria mantiene un hábeas corpus abierto y la audiencia judicial todavía no definió el cuadro de situación. La continuidad del CUD es el flanco más sensible.
La causa acumula casi diez días sin resolución definitiva. La Procuración Penitenciaria de la Nación impulsó un hábeas corpus para revisar las condiciones del traslado masivo de detenidos desde el penal de Villa Devoto al flamante Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, y el juez a cargo convocó a una audiencia que, a la fecha, no zanjó los reclamos del organismo de control.
El operativo se puso en marcha el domingo y prevé mover a 1.500 internos en etapas. En la primera jornada se trasladaron 326 detenidos; el lunes se completó una segunda etapa bajo la coordinación de un Comando Unificado integrado por cinco fuerzas federales, con custodia de los internos, vigilancia de los corredores viales y protección del personal afectado y de la población civil en el recorrido.
El nuevo penal, en cifras
- Capacidad total: 2.232 detenidos distribuidos en cuatro unidades de máxima seguridad.
- Predio: 80 hectáreas en territorio bonaerense, lindante con el complejo federal ya existente en Marcos Paz.
- Obra reactivada en diciembre de 2024 tras la paralización de 2020; el convenio original entre Nación y Ciudad data de 2018.
- Recepción provisoria firmada entre ambas jurisdicciones para habilitar el inicio del traslado.
El fiscal y la jueza que intervienen en la audiencia por el hábeas corpus deberán resolver si el procedimiento, tal como se ejecutó, respetó los estándares legales de planificación, información y control que rigen para este tipo de movimientos masivos de población carcelaria.
“Hacer un balance en este momento resulta prematuro, ya que ni siquiera contamos con el listado oficial consolidado de las personas trasladadas.”Procuración Penitenciaria de la Nación
La Procuración calificó el operativo como intempestivo y advirtió que la falta de información oficial dificultó la tarea de contención con las familias de los internos. Tras entrevistarse en el penal, el organismo verificó, mediante llamadas de los detenidos a sus familiares, que no se registraron actos de violencia durante el traslado.
Educación en riesgo
El punto más sensible del proceso es la continuidad del Centro Universitario Devoto (CUD), una experiencia de cuatro décadas de educación en contexto de encierro. La Procuración sostuvo que mover a los alumnos en pleno cuatrimestre pone en riesgo directo su continuidad académica y vulnera el derecho a la educación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) coincidió en el planteo y cuestionó que el operativo no haya garantizado previamente la continuidad de los estudios universitarios en el nuevo establecimiento.
De acuerdo con el marco vigente, la ley obligaría al Estado a asegurar condiciones dignas de alojamiento, trazabilidad del procedimiento y acceso pleno a la educación de los internos bajo su custodia durante todo el proceso de mudanza, sin perjuicio del resultado que pueda arrojar la audiencia judicial en curso.
