Juicio por Loan: una inspectora de la Policía Federal expuso ante el tribunal los límites de las pericias sobre los celulares

A 233 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, el juicio oral que investiga lo ocurrido en el paraje El Naranjal escuchó este lunes el testimonio de la inspectora Johanna Méndez, de la División Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina, quien detalló los alcances y las limitaciones del trabajo pericial realizado sobre los celulares secuestrados en la causa.

La causa es instruida por la Justicia Federal de Corrientes y cuenta con la intervención del juez que entiende en el debate oral. La funcionaria compareció ante el tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Monteverde, Guillermo Carbajales y Lucrecia Rojas, en una audiencia en la que la fiscalía busca precisar qué información técnica puede sostener la acusación.

Llamadas, mensajes y fotografías: lo que se pudo acreditar y lo que no

Méndez explicó que las pericias sobre los aparatos secuestrados a los imputados permitieron reconstruir horarios, duraciones y la mecánica de las comunicaciones registradas alrededor del 13 de junio de 2024, día en que Loan fue visto por última vez. Sin embargo, fue clara al señalar que ese material no alcanzó para acreditar que los acusados hubieran acordado cometer un delito en conjunto, ni para reconstruir lo sucedido con el niño en El Naranjal. La diferencia entre el dato técnico y el contenido fue una de las claves de su exposición.

Entre los registros mencionados por la inspectora, sobresale una comunicación entre Laudelina Peña y Antonio Benítez que se extendió entre 17 y 20 minutos. A la fecha, la Justicia aún procura determinar qué se habló en esa llamada: la duración consta en los registros, pero el contenido permanece sin reconstruir.

• Horarios y duraciones de llamadas fueron acreditados, pero no su contenido.
• Imágenes del zapato en el barro coincidieron en lugar y momento en los celulares de Macarena Peña y del comisario Walter Maciel.
• Una de las fotografías muestra al comisario Maciel en la escena del hallazgo.
• Mensajes del 12 de junio vincularon a Laudelina con María Victoria Caillava sobre una invitación al almuerzo en nombre de la abuela Catalina.
• En la madrugada del 14 de junio, Laudelina difundió una supuesta aparición del niño y su traslado a un hospital.
• Maciel reportó en grupos policiales que encontró el zapato gracias a un informante.

Sobre las imágenes del calzado, Méndez recordó que los teléfonos de Macarena Peña y del comisario Walter Maciel guardaban fotografías tomadas desde distintos ángulos, correspondientes al mismo lugar y momento. En una de ellas se veía a Maciel. La inspectora también señaló que el comisario había comunicado en grupos policiales que encontró el zapato gracias a un informante, un dato que la fiscalía incorporó al cuadro probatorio.

El testimonio de Duarte sobre la camioneta de Pérez y Caillava

En la misma audiencia declaró Hugo Daniel Duarte, testigo de la inspección realizada el 30 de junio de 2024 a la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Contó que los peritos cubrieron el vehículo y aplicaron luminol para detectar rastros. Según lo que le fue explicado en el lugar, las señales luminosas observadas en el frente y los faros podían estar relacionadas con restos de interés para la causa. Su aporte sirvió para precisar la metodología de una prueba que el tribunal deberá ponderar junto con las pericias telefónicas.

Méndez, en su declaración, presentó los intercambios de la madrugada del 14 de junio como contenido de los dispositivos, sin confirmar la veracidad de la versión que Laudelina difundía sobre una supuesta aparición del niño y su traslado a un hospital por parte del comisario. Esa distinción entre el dato almacenado y la veracidad de lo comunicado resultó central para la estrategia de la fiscalía.

A la fecha, el debate oral avanza con el objetivo de establecer qué hechos pueden probarse con el material pericial disponible y cuáles dependen de otras pruebas. Por la magnitud del caso y la cantidad de acusados, lo que la ley obligaría es que cada indicio sea analizado de manera autónoma y con respaldo técnico antes de sostener una imputación concreta.