La ausencia de una ley federal deja a las ciudades de Estados Unidos a cargo de regular los robotaxis

La demora del Congreso de Estados Unidos en sancionar una ley nacional que establezca estándares de seguridad para los vehículos autónomos dejó un vacío regulatorio que las ciudades começaram a llenar por su cuenta. Esa ausencia derivó en un mosaico de normas locales, según el distrito y la jurisdicción, algo que la propia industria buscaba evitar al pedir reglas uniformes en todo el país.

La iniciativa del Concejo de Minneapolis

El Concejo Municipal de Minneapolis trabaja en una de las propuestas más restrictivas. La concejala Robin Wonsley, autora del proyecto, impulsa una ordenanza que requeriría un operador humano pago dentro de cada vehículo autónomo. La edila sostuvo que la ciudad no desplegará condiciones favorables para que las grandes empresas tecnológicas desplacen a los trabajadores locales. Waymo, que ya realiza más de 500.000 viajes semanales en 15 ciudades de Estados Unidos sin necesidad de monitores a bordo, calificó la iniciativa como una prohibición de hecho a los vehículos sin conductor.

Las medidas en San Diego, Austin y Washington D.C.

• San Diego: el Concejo aprobó una resolución para prohibir que Waymo opere en el aeropuerto internacional y para que las agencias locales tengan control directo sobre los vehículos autónomos en situaciones de emergencia. El concejal Sean Elo-Rivera fundamentó la decisión señalando que los conductores y los pequeños comercios cumplen regla tras regla para ganarse la vida.
• Austin: el cuerpo de bomberos manifestó su preocupación por los Cybercab de Tesla, modelos sin volante ni pedales, y pidió que los fabricantes definan protocolos de remolque de respuesta rápida y canales directos de comunicación con operadores humanos para casos de emergencia.
• Washington D.C.: el concejal Charles Allen impulsa un proyecto que limitaría a doscientos vehículos la flota de cada operador, postergaría el inicio del servicio comercial hasta 2028 y establecería una tarifa por milla recorrida para financiar el transporte subterráneo y compensar a conductores de aplicaciones. Allen indicó que espera una votación en su comisión antes de fin de noviembre, con un posterior voto del pleno del Concejo en diciembre.

La legisladora Robin Wonsley expuso que la ordenanza de Minneapolis apunta a que la ciudad no funcione como plataforma de expansión de las grandes compañías a costa del empleo local. En la misma línea, el concejal Sean Elo-Rivera describió que la resolución de San Diego busca proteger a los conductores y a los pequeños comercios que cumplen con la normativa vigente.

El factor federal y el calendario hacia 2028

Los gobiernos locales no tienen potestad sobre los estándares de fabricación de los vehículos, materia reservada al Congreso federal. Mientras esa instancia permanezca sin una ley marco, cada municipio seguirá dictando sus propias reglas y los fabricantes deberán ajustar sus servicios a la jurisdicción en la que pretendan operar, con un horizonte concreto en Washington D.C. donde el servicio comercial recién podría comenzar en 2028 si el proyecto avanza en la comisión y en el pleno del Concejo.