La defensa de Contardi busca que la Suprema Corte bonaerense revise la condena a 18 años y medio

A 18 días de conocida la sentencia, la defensa de Claudio Contardi activó la última vía procesal disponible dentro del sistema penal bonaerense. Los abogados Francisco Oneto e Ignacio Alvarado interpusieron un recurso extraordinario ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia revise el fallo que condenó a su asistido a 18 años y medio de prisión por los delitos cometidos contra su exesposa, Julieta Prandi.

El planteo fue presentado ante la Sala que confirmó la condena y redujo en seis meses la pena original de 19 años, dispuesta en primera instancia por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana. La defensa pidió de manera principal la absolución de Contardi y, como alternativa, la realización de un nuevo juicio oral.

Los argumentos centrales

• Incorporaron a la presentación entrevistas que Prandi brindó en 2015, 2016 y 2017, en las que habría relatado aspectos de su matrimonio y su vida familiar, y que a criterio de los letrados debieron contrastarse con su testimonio en el debate.
• Adujeron que esas entrevistas no fueron ofrecidas como prueba durante el juicio y que fueron rechazados los expedientes de familia y el testimonio de una expereja del acusado.
• Sostuvieron que la defensa que intervino en el debate asumió pocos días antes de su inicio, tras varios cambios de letrados, y que recibió una prórroga de apenas dos días para preparar la estrategia.

A la fecha, la suerte del recurso depende de Casación. Si ese tribunal declara admisible la presentación, el expediente quedará en condiciones de ser evaluado por la Suprema Corte provincial. Si, en cambio, rechaza la vía intentada, los abogados adelantaron que acudirán en queja directamente ante el máximo tribunal de la provincia.

En el escrito, Oneto y Alvarado también cuestionaron la actuación de la defensa que representó a Contardi durante el juicio oral, cuya conducción estuvo a cargo del abogado Fernando Sicilia. La presentación detalla la cadena de cambios de patrocinio y los plazos que, según su visión, comprometieron el derecho de defensa en plenitud.

Por lo que la causa expone, lo que la ley obligaría es a fijar un criterio claro sobre la admisibilidad formal del recurso extraordinario: la ley procesal exige que se acredite la afectación de garantías constitucionales o la existencia de cuestiones de derecho relevantes para la uniformidad de la jurisprudencia. Mientras esa definición no llegue, la condena de 18 años y medio permanece firme en suspenso, y la resolución definitiva queda en manos de la Corte provincial.