Templo Filadelfia: tras casi cinco años de investigación, el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a 27 personas por explotación laboral y servidumbre

A 58 meses de iniciada la instrucción, el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a 27 personas y fijó reparaciones por 2.170.467.831,20 pesos para 27 víctimas en la causa conocida como Templo Filadelfia. El fallo, leído este martes, puso fin a un expediente que describió una organización que operó bajo apariencia religiosa y sometió a personas a explotación laboral y servidumbre.

El debate estuvo encabezado por los jueces del tribunal y contó con la intervención del fiscal general Alberto Gentili, quien describió un sistema de sometimiento basado en trabajo explotado, aislamiento, vigilancia y sanciones. La estructura, con sede central en San Justo, partido de La Matanza, funcionó al menos desde 1972 hasta el 1° de diciembre de 2020 y tuvo anexos en otras provincias y en Paraguay y Brasil.

Las penas más altas y los alcances del fallo

Eva Petrona Pereyra recibió la pena más elevada, de 24 años de prisión. El tribunal la consideró jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. Además, la condenó por su participación necesaria en hechos de supresión de identidad, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público. Rigoberto Ismael Mora Bogado fue condenado a 21 años, mientras que otros siete acusados recibieron 18 años, en línea con lo solicitado por Gentili.

En los casos de Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich, el tribunal absolvió por trata agravada y reducción a la servidumbre y condenó únicamente por asociación ilícita. El fallo también declaró la prescripción de hechos que perjudicaron a nueve personas y de una acusación por abuso sexual contra Pereyra.

Decomisos y reparaciones económicas

• Reparaciones a 27 víctimas por 2.170.467.831,20 pesos.
• Decomiso de 46 inmuebles en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro.
• Decomiso de 12 vehículos y del dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera.
• Subasta de otros 15 automotores, dispuesta durante la instrucción.
• Decomiso de los bienes ya secuestrados a lo largo del proceso.

A la fecha, la resolución del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín dejó acreditada la extensión temporal de la organización, el modo en que se ejercía el dominio sobre las víctimas y el volumen patrimonial acumulado durante casi cinco décadas. La ley obliga a ejecutar las reparaciones fijadas y los decomisos ordenados, y mantiene abierta la posibilidad de que las defensas recurran la sentencia ante instancias superiores.